Resumen: Recursos de apelación contra sentencias absolutorias: el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración del tribunal de enjuiciamiento por la suya propia para declarar la nulidad de la sentencia recurrida y en su caso del juicio. Su función se limita a examinar si el tribunal ha podido incurrir en irracionalidad, falta de coherencia, insuficiencia o error patente en la motivación. Existencia de un margen de duda, por lo que la regla "in dubio pro reo" conduce a adoptar la alternativa más favorable al acusado cuando el tribunal no ha alcanzado con la prueba practicada una certeza exenta de dudas razonables.
Resumen: Declara la sentencia que la propuesta de liquidación no se fundamenta en la ausencia de datos que acrediten el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos de aplicación de una bonificación, ni la administración pretendía con ello que la obligada tributaria los aportase en trámite de audiencia, y no en cumplimiento de un requerimiento previo de datos; sino que dicha propuesta se formula con datos propios de la misma obligada tributaria, aportados en sus declaraciones tributarias, que debían tenerse por probados por aplicación de las normas tributarias sobre carga de la prueba, que pesaba, en este caso, sobre la obligada tributaria, al referirse a beneficios fiscales, y no a los elementos constitutivos de la obligación tributaria.
Resumen: Motivación suficiente de resoluciones judiciales. Naturaleza jurídica de la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado en el proceso penal de menores. La resolución combatida ha ofrecido una razonada y razonable respuesta, fundada en derecho, a las pretensiones de la parte ahora apelante. Medida de internamiento, que se ampara en el interés del menor, y tiene como base la gravedad delictiva y la necesidad de evitar la reiteración en los delitos investigados. No es posible la adopción de otras menos gravosas como la libertad vigilada.
Resumen: Anciana en silla de ruedas que, en el traslado a su domicilio y al interior de su vivienda por el acusado, conductor de ambulancia, cae con la silla de ruedas por la escalera del vestíbulo de su vivienda por causas no acreditadas y sin que se estime probado que en dicha caida se produjese lesión alguna. Se desestima el recurso de la acusación particular, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la sentencia del tribunal del jurado que absuelve al acusado de los delitos de lesiones por imprudencia grave o menos grave y omisión del deber de socorro. Tras analizar el grado de motivación exigible a las decisiones del tribunal del jurado, se desestima la queja de falta de motivación del veredicto. La prueba practicada no permite identificar la causa de las lesiones que la anciana presentó horas más tarde, tras permanecer un tiempo sola en su domicilio. Pero incluso en la hipótesis de que tales lesiones se hubieran originado en la caída en el rellano, continuaría faltando la constatación de qué concreto actuar negligente o descuidado imputable al acusado pueda identificarse como el detonante del curso causal que dio lugar a aquellas lesiones.
Resumen: La solicitud de asistencia jurídica gratuita no estuvo huérfana de documentación acreditativa de la situación económica del solicitante a los efectos de determinar si supera o no los umbrales establecidos en la LAJG. La reacción del solicitante ante el requerimiento que, bajo apercibimiento de archivo, le hizo la Administración no fue pasiva, sino que ofreció razones relativas a por qué no se aportaban más documentos de los acompañados a la solicitud inicial. Sin perjuicio de la decisión de fondo que en su día pudiera adoptarse respecto de la concesión o no del beneficio de asistencia jurídica gratuita a la luz de la documentación de naturaleza patrimonial aportada o, en su caso, sobre la sostenibilidad o insostenibilidad de la pretensión, la decisión de archivo acordada como consecuencia de la desatención del requerimiento supone una sanción desproporcionada y contraria a los principios constitucionales que rigen en la materia, al dificultarse el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por razones meramente formales.
Resumen: Los trabajadores demandantes, afiliados a un sindicato, se vieron afectados por un traslado de centro de trabajo. En la demanda impugnan ese traslado alegando vulneración, entre otros, de su derecho de libertad sindical. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de los demandantes, concluye que su movilidad geográfica está fundada en causas organizativas y productivas y, por ello, desestima la demanda.
Resumen: Entramado criminal, de forma continuada, encaminado a introducir sustancia estupefaciente en España para su ulterior distribución y venta a terceros, principalmente por puertos de la costa gallega. Inexistencia de investigación prospectiva. Registro de vehículo que no supuso vulneración del derecho a la intimidad. Entrega vigilada: tanto las autoridades peruanas como las españolas actuaron conforme a las normas de su ordenamiento jurídico, siendo factible la sustitución en su integridad de la sustancia estupefaciente por otra inocua, remitiendo una pequeña muestra. No se pueden aplicar los requisitos procesales y garantías de otros Estados por donde circule la mercancía controlada. Intervenciones telefónicas que no incurrieron en causa de nulidad. Instalación ilícita de dispositivos de grabación de sonido e imagen en vehículo, pero que ninguna incidencia ha tenido en la causa. No se aprecia ruptura de la continencia de la causa por la incoación de otro procedimiento. Falta de aportación de actuaciones de Perú que no produjo indefensión. Mantenimiento de la cadena de custodia. Intervenciones telefónicas con las debidas garantías. Delito Imposible o tentativa inidónea respecto de los hechos en los que no llegó e España desde Perú droga alguna ni tampoco se probó vínculo de los ahora acusados con la sustancia estupefaciente. Delito contra la salud pública (tipo básico), en su modalidad de tráfico de drogas de sustancias que causa grave daño a la salud (cocaína), por el transporte de droga por vía terrestre. Distribución de sustancias estupefacientes que constituye un delito contra la salud pública (tipo básico), en su modalidad de tráfico de drogas de sustancias de las que causan grave daño a la salud (heroína, cocaína y MDMA) y de las que no causan grave daño a la salud (resina de cannabis). Atenuante de dilaciones indebidas como simple, y no como muy cualificada, pues si se produjo una duración extraordinaria y anormal de la tramitación de la causa, la totalidad de las paralizaciones sufridas no son achacables a la tramitación judicial , sino a causas ajenas a aquella. Atenuante de confesión tardía. Inaplicación de atenuante de drogadicción.
Resumen: No cabe exigir la interposición del el recurso de casación para la unificación de doctrina previo a la demanda de revisión en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes, pues la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables que normalmente no permite decisiones generalizadas. El plazo de tres meses para el ejercicio de la acción judicial de revisión es sustantivo y no procesal, y no se suspende por la interposición de un recurso de amparo pero sí por la presentación de una solicitud de aclaración o un incidente de nulidad de actuaciones, salvo que sea fraudulenta. La demanda de revisión debe determinar de forma inequívoca la causa de revisión. Una sentencia penal absolutoria no puede servir, siempre y en todo caso, como presupuesto para la revisión; es necesario que la sentencia absolutoria penal sea por la inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo. Diferencias entre la jurisdicción penal y laboral: operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio; tampoco existe violación del principio de presunción de inocencia en el proceso laboral, pues tal concepto es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal.
Resumen: La Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, la Sala declara que la Audiencia incurre en incongruencia extra petita, ya que entiende que se ha ejercitado una acción de impugnación de acuerdos de la asamblea general de la asociación, y por ello resuelve que dicha acción ha caducado. Sin embargo, este fallo de la sentencia no se ajusta a lo pretendid por el demandante. Así, del petitum de la demanda (como también de su encabezamiento y de la indicación en sus fundamentos jurídico-materiales) resulta que el demandante no ejercita una acción de impugnación de acuerdos de la asamblea general de la asociación, sino una acción de cumplimiento de una obligación de hacer, que consiste en la obligación de formular las cuentas anuales para que, según ordena el art. 14.3 LODA, sean aprobadas, en su caso, por la asamblea general de la asociación UIBA. En el caso, la consecuencia de estimar el recurso extraordinario por infracción procesal, al considerar la incongruencia extra petita en que ha incurrido la Audiencia, por apreciar la caducidad de la acción de impugnación de acuerdos de la asamblea general (art. 40.3 LODA), cuando ésta no es la acción ejercitada, es dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir los autos a la dicha Audiencia para que resuelva los motivos del recurso de apelación pendientes de examen (esto es, los motivos segundo y tercero).
Resumen: Se confirma la condena del recurrente como autor de un delito contra la Hacienda Pública referido al IVA de 2011 de Eurochollo SL en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Cuando se alega la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de un raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. En el caso, la cantidad defraudada por el recurrente está acreditada por la prueba pericial, y la autoría del recurrente resulta de la prueba personal analizada por el Tribunal sentenciador, consistente en su propio testimonio y prueba testifical.
